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El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España

ISD

Tras el fallecimiento de una persona, los herederos de la misma, ha de iniciar los trámites legales y fiscales, que la herencia conlleva.
Para ello, vamos a proceder a explicar, como es el procedimiento de herencia, paso a paso:

1. Debemos ver si la persona fallecida ha dejado testamento o no.

El primer paso por tanto consiste en solicitar el Certificado literal de Defunción ante el Registro Civil.

Una vez, que tenemos en nuestro poder el certificado de defunción, y transcurrido el plazo de quince días (no se computan en este plazo, ni sábados, ni domingos, ni festivos), desde el fallecimiento del causante, hemos de proceder con el segundo paso, que consiste en solicitar un Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad y de Contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

Esta solicitud se ha de realizar ante el Ministerio de Justicia, bien de forma presencial, por correo o por internet. Recibida la contestación del Ministerio de Justicia, nos encontraremos:

A) Si el causante hubiese hecho un testamento entonces la Sucesión o Herencia será Testamentaria y los bienes y derechos se trasmitirán del modo en que el fallecido hubiese dispuesto en el testamento. Siempre que se respete la legitima que es la proporción de la herencia que la ley le reconoce a los herederos legitimarios o forzosos.

B) Si de la obtención del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad surge que el fallecido no había hecho testamento la Sucesión o Herencia será Intestada o Ab Intestato, que quiere decir herencia sin testamento. En este caso será necesario que un notario o un juez declaren quienes son los herederos.

En el supuesto A, el siguiente paso, es que los herederos testamentarios deberán solicitar una copia autorizada del testamento. El único testamento valido será el de fecha más reciente. La copia se pedirá en la notaria donde se otorgó el testamento para lo cual debemos acompañar la solicitud con los certificados del Registro General de Actos de última Voluntad y el de defunción.

En el testamento constará quienes son los herederos y en que proporciones. También, se debe constatar si existe designación de albacea testamentario, que será aquella persona designada por el testador para ejecutar lo dispuesto por él.

En el caso del apartado B, si de la obtención del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad surge que el fallecido no había hecho testamento la Sucesión o Herencia será Intestada o Ab Intestato, que quiere decir herencia sin testamento. En este caso será necesario que un notario o un juez declaren quienes son los herederos.

– Declaración por notario: cuando el fallecido haya dejado cónyuge viudo, descendientes o ascendientes.
– Declaración de herederos judicial: cuando el fallecido no haya dejado cónyuge viudo, descendientes ni ascendientes, se tramitará la declaración ante el juzgado competente.

2.- Inventario de la herencia, debe realizarse en cualquiera de los supuestos que hemos indicado anteriormente, y para ello hemos de realizar el cuaderno particional, que es el documento en el que se recogerá los datos de los herederos designados, los bienes, derechos, deudas y las adjudicaciones que se hagan a los herederos y legatarios.

3.- La adjudicación de herencia, se puede hacer bien en documento público, ante Notario, o bien en documento privado, pero en este último caso en caso de existir un único heredero. Este documento de Instancia de heredero único deberá tener legitimada la firma ante Notario.

4.- Liquidación del impuesto de sucesiones y de la plusvalía municipal:

Una vez que por parte de los herederos se ha llevado a cabo la adjudicación de su parte de la herencia, se deberá proceder al pago del Impuesto de Sucesiones, y para ello el plazo legal para la liquidación del mismo es de seis meses desde la fecha de fallecimiento del causante, si bien podemos solicitar una prórroga, siempre antes de que transcurran cinco meses desde el fallecimiento, y una vez que se haya concedido por parte de la administración tributaria la misma, hemos de tener en cuenta que ello conlleva la imposición de intereses de demora hasta el día de presentación del mismo.

La mayoría de los sistemas fiscales poseen en un su sistema tributario la regulación de los impuestos sucesorios, desde su origen. La creación de este impuesto se debía a que, en momento se debía de inventariar la propiedad y al mismo tiempo valorarse, y por tanto el momento de fallecimiento del titular se presentaba como la gran oportunidad dentro del sistema tributario para proceder a ello, y así se conseguía al mismo tiempo de la valoración en el momento sucesorio establecer las bases imponibles y recaudar en función de las mismas.

Ello hace que, en la realidad, el impuesto de sucesiones no sea un impuesto que se justifique como tal, sino que realmente se trata de una figura impositiva derivada de la propia sucesión.

Hoy día, la tendencia que predomina, es la de eliminar este impuesto (existen países como Australia en los que no existe) o bien proceder a establecer un alto sistema de bonificaciones y reducciones del mismo.

La regulación en nuestro país data del año 1.987, y en concreto se publicó en la Ley 29/1987 de fecha 18 de diciembre y cuyo reglamento se haya recogido en el Real Decreto 1269/1991, de 8 de noviembre.

Se trata por ser un tributo que grava los incrementos de patrimonio que se obtienen a título lucrativo por las personas físicas, y cuyas principales características son:

1. Directo, ya que recae directa e inmediatamente sobre la capacidad económica que supone la adquisición de bienes y derechos.

2. Personal, se establece en relación a una persona determinada.

3. Subjetivo, en la determinación de sus cuotas se tienen en cuenta determinadas circunstancias del sujeto pasivo obligado al pago.

4. Progresivo, el tipo de gravamen de este impuesto varía en función de la base gravada, así como en función del patrimonio previo del adquirente.

5. Instantáneo, el hecho imponible del mismo es en el momento de la sucesión.

Además de todo lo expuesto previamente, también es un complemento al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Este impuesto se aplica en todo el territorio nacional, si bien cada Comunidad Autónoma tiene la capacidad de regular el mismo.

El objeto de este impuesto es la regulación de tres hechos.

El primero de ello, es la adquisición por parte de una persona de bienes y derechos, ya sea por herencia, legado, o cualquier otro título sucesorio.

El segundo hecho, es la adquisición de bienes y derechos, ya sea en su caso por donación o bien por cualquier negocio jurídico inter vivos.

Y en tercer y último lugar, las cantidades cuyo origen se halle en contratos de seguro de vida, siempre y cuando el contratante del mismo sea una persona distinta al beneficiario.

Por tanto, y en virtud de lo expuesto previamente, y los sujetos pasivos de este impuesto son, por tanto:

– En el caso de transmisiones mortis causa, los herederos.

– El donatario, en el supuesto de donaciones y transmisiones inter vivos.

– El beneficiario, en el caso de los seguros de vida.

Cuando hemos de determinar la base imponible, en cada uno de los supuestos enunciados previamente, esta vendrá determinada por el valor neto de los bienes adquiridos o donados, y en el caso de los seguros de vida, la base imponible viene determinada por las cantidades percibidas por el beneficiario de los mismos.

En cuanto a la valoración de los distintos elementos, la ley aplica el criterio del valor real atribuido por el adquirente, por lo que se deducen las cargas y deudas que minoran ese valor, reservándose la Administración la facultad de comprobar esos valores.

Para la determinación de la base imponible por actos mortis causa serán deducibles las cargas, deudas y gastos.

Las cargas deducibles del valor real de los bienes serán aquellas que disminuyan realmente su capital o valor, ya sean de naturaleza perpetua o temporal, tales como censos o pensiones.

Las deudas deducibles serán las que dejase contraídas el causante, siempre que se pueda acreditar la existencia de las mismas, tales como tributos o deudas de la Seguridad Social.

Se entenderá por gastos fiscalmente deducibles los derivados de última enfermedad, entierro y funeral, siempre que se justifiquen, teniendo en cuenta que los gastos de entierro y funeral deberán guardar la debida proporción con el caudal hereditario, según los usos y costumbres de la localidad. No serán deducibles los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto.

En el caso de transmisiones por actos inter vivos, serán deducibles las cargas en los mismos términos que para las transmisiones mortis causa, pero en lo relativo a las deudas, sólo serán deducibles aquellas que estuviesen garantizadas con derechos rea- les que recaigan sobre los bienes transmitidos, siempre que el adquirente haya asumido fehacientemente la obligación de pagar la deuda garantizada.

Con independencia de las modificaciones establecidas en cada Comunidad Autónoma por su normativa específica, la Ley 29/1987 establece la necesidad de realizar, cuando procedan, las reducciones de la base imponible para la determinación de la base liquidable, que se practicarán por el siguiente orden: en primer lugar, las del Estado y a continuación las de las Comunidades Autónomas, si las hubiera.

El devengo del impuesto, o momento en el que nace la obligación tributaria, se establece en función de cada uno de los distintos componentes de su hecho imponible, de forma que:

a) En las adquisiciones mortis causa, el impuesto se devengará el día del fallecimiento del causante de la sucesión.

b) En las transmisiones lucrativas inter vivos, el devengo se produce el día que se cause o celebre el acto o contrato.

c) En los seguros sobre la vida, el impuesto se devengará el día del fallecimiento del asegurado. No obstante, en los casos de sobrevivencia del contratante o asegurado, se devengará el día en que la primera o única cantidad a percibir sea exigible por el beneficiario.

Además de todo lo expuesto a lo largo de este artículo, existe otro tributo que se ha de liquidar junto con las herencias, y que es el Impuesto sobre el Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). Este impuesto era conocido anteriormente como plusvalía municipal.

Aunque, se caracterice por ser un tributo que no es obligatorio de implantar por parte de los Ayuntamientos, la realidad, es que todos los Ayuntamientos lo tiene implantado como una fuente de financiación más de los mismos, y se exige por parte del Ayuntamiento de lugar en el que las fincas urbanas se hallen, ya que los bienes rústicos se hallan exentos.

Este Impuesto grava, el incremento de valor que experimenten los inmuebles como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los mismos.

Su regulación se haya recogida en la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en las Ordenanzas Fiscales de cada municipio, por ello a la hora de tener en cuenta el cálculo de la misma, hemos de tener en cuenta las ordenanzas fiscales que anualmente publican los Ayuntamientos, puesto que cada año suelen variar las mismas.

Es el incremento real del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo, y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.
Para determinar el importe de ese incremento real, se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo un porcentaje, cuyos máximos y mínimos fija la Ley, correspondiendo a los Ayuntamientos establecer el porcentaje y tipo final.

Será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos correspondientes de la escala de gravamen. Esa escala de gravamen será fijada por cada Ayuntamiento, también entre tipos máximos y mínimos.

Algunos ayuntamientos establecen reducciones o bonificaciones de la cuota en casos especiales (p.ej. transmisiones por herencia en favor de algunos parientes, transmisión de vivienda habitual del fallecido, etc.). Estas bonificaciones suelen ser sólo en beneficio de hijos, cónyuges y ascendientes y son muy variables, pues dependen de cada ayuntamiento.
Actualmente, y de acuerdo a la última jurisprudencia que están dictando los distintos tribunales de nuestro país, es que este último impuesto tienda a desaparecer.

5.- Entrega de bienes, tras haber realizado la adjudicación de herencia y liquidación de los impuestos, se procederá de la siguiente manera, según el tipo de bien:

A) Inmuebles: se procederá a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como también se inscribirán todos los derechos y participaciones que recaigan sobre el bien inmueble, de acuerdo a las disposiciones recogidas en el cuaderno particional. En el caso de que hayamos realizado la adjudicación de herencia ante Notario, lo más habitual es que el mismo haya realizado ante el catastro la comunicación de los nuevos titulares.

B) Dinero, valores y seguros: se debe acudir con el cuaderno particional a los bancos, entidades aseguradoras y demás a solicitar la entrega de lo que corresponda. Se debe acreditar el pago de los impuestos a dichas entidades para que realicen la entrega dado que entidades bancarias y cajas pueden retener el dinero de las cuentas hasta que no se demuestre el pago de los impuestos.

C) Vehículos: En el caso de los vehículos deberá hacerse la transferencia ante la Dirección General de tráfico.

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